Por Jorge Osorio Vargas

1. Ciudadanía refiere, en primer lugar, a un atributo jurídico de la democracia, cual es el reconocimiento, protección y ejercicio de derechos civiles y libertades públicas reconocidas en un Estado de Derecho. En sentido estricto, podemos decir que esta definición tiene como fuente genuina la tradición liberal-democrática de ciudadanía.

Una agenda de fortalecimiento de la ciudadanía en este ámbito se relaciona con las reformas políticas-institucionales que permitan formas de participación directa, iniciativa popular de ley, libre acceso a la información del gobierno, accountability pública, control ciudadano de las políticas gubernamentales, gestión participativas de los presupuestos locales, incorporación de la revocación de mandato de los representantes elegidos por votación popular, la democratización de los gobiernos regionales, modernización del sistema de partidos políticos, marcos reguladores de la relación dinero-política, por nombrar aquellas demandas ciudadanas que tienen más sentido de oportunidad en Chile actualmente. En este plano el concepto de ciudadanía se vincula con el respeto cabal de los derechos humanos (en todas sus generaciones) y es un verdadero test de calidad democrática de la institucionalidad del Estado en un nivel fundamental.

En segundo lugar, Ciudadanía remite a dos dimensiones político-culturales de gran significación:

a) El respeto de la diversidad, la tolerancia, la integración, la no–estigmatización y no-discriminación sea por la razón que fuese. En este plano, distinguimos demandas como un marco legal que sancione la no discriminación, el respeto delos derechos de los emigrantes y el cumplimiento de los compromisos internacionales y multilaterales que el Estado chileno tiene en estos ámbitos, y;

b) El reconocimiento de las comunidades y organizaciones de la sociedad civil como actores que deben ser valorados, consultados e integrados como sujetos, a través de instituciones formales, del control ciudadano de la gestión pública y de las autoridades, más allá de la función constitucional de fiscalización que ejercen la institución parlamentaria y otros órganos contralores del Estado. Este reconocimiento del “sujeto ciudadano” es clave para fundar una democracia de accountability (es decir una democracia sujeta al control ciudadano formal , que dispone de un sistema de acceso a la información que el Estado produce y capaz de dar cuentas públicas a los colectivos sociales) .

En tercer lugar, la Ciudadanía debe entenderse como una relación social, un proceso comunicacional y deliberativo, que reconoce identidades colectivas, de distinto signo, que configuran la democracia como un espacio de diversidades. Por esta razón podemos hablar de una “ciudadanía compleja”, es decir de una ciudadanía que necesita, para desarrollarse, el desarrollo de un capital cívico y social que permita estándares básico de confianza, existencia de procedimientos formales o informales para resolver conflictos por la vía no-violenta, y colectivos o comunidades organizadas de diferente manera que generen en la sociedad las capacidades estratégicas de toda democracia, como son la argumentación, el diálogo, la creación de acuerdos sociales, la participación comunitaria.

Existe una relación directa entre la calidad de la Democracia y el capital cívico y social existente en la sociedad, lo que se consigue, de manera sustantiva, a través de la educación en todas sus expresiones (escolares y sociales) De esta afirmación podemos desprender la importancia estratégica que tiene, en este sentido, la educación ciudadana, tanto la que se desarrolla en el sistema escolar como en la educación comunitaria o popular, con jóvenes y personas adultas. La educación debe contribuir a que la Ciudadanía se exprese como poder comunicacional.

En cuarto lugar, la Ciudadanía es un proceso de producción social de valores, es decir, de generación de recursos morales: cívicos y sociales. Remite a una realidad normativa democrática, es un mecanismo de resguardo códigos fundamentales, formales, como los derechos humanos, o bien otros de carácter sujetivos o voluntarios como son la solidaridad, la generosidad o el voluntariado social, que no están resguardados formalmente, pero que sí pueden ser promovidos en vista de radicalizar el altruismo democrático. Si la Ciudadanía es un “pacto” de los ciudadanos-as para el resguardo de recursos morales fundamentales y obligatorios para la democracia, ésta puede ampliarse en la medida que la propia sociedad decida darle más amplitud a esa Ciudadanía.

2. La Ciudadanía, en cuanto “atributo” de la democracia y expresión de “sujetos” debe entenderse como una forma de producción de valores e innovaciones en la sociedad. Es decir es una invención social que se genera por la acción de comunidades y movimientos sociales. Y como tal puede llegar a ser sometida a disputa: pueden existir ciudadanías de baja intensidad y ciudadanía radicales, más o menos amplias. En nuestro país, el modelo de gobernabilidad de la transición ha sido el de una ciudadanía de mediana o baja intensidad. Ha existido un acuerdo social para consolidar las instituciones democráticas y en este ámbito los resultados son favorables.

Sin embargo, como las dinámicas sociales a principio de este siglo son muy dinámicas las expectativas sociales en tono a la calidad de la democracia son mayores que las realidades existentes, por el impacto que genera en el imaginario democrático las agendas globales y el efecto demostrativo que tiene las buenas prácticas ciudadanas o gubernamentales, lo que es rápidamente socializado a través de las redes.

Por ejemplo, es anacrónico desde el punto de vista de lo políticamente correcto no incorporar en las legislaciones nacionales figuras como el Defensor del Pueblo o la Iniciativa Popular de Ley.

3. Es evidente que los cambios en una tendencia ascendente en los indicadores de calidad de la democracia para que se expresen socialmente, no sólo requieren movimientos ciudadanos concertados y activos sino también una permeabilidad a los cambios en el Estado, la generación de una cultura participativa en la gestión pública y un movimiento social de educación democrática. Por ello la importancia de avanzar en el desarrollo de una Izquierda Ciudadana –IC– que apoye con la creación de una plataforma pública estos movimientos.

Una Izquierda Ciudadana requiere:

a) Que las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos ciudadanos desarrollen un liderazgo público abierto y desde un pluralismo incluyente. Es la única manera de poner en valor la diversidad y fortalecer la Ciudadanía como poder comunicacional y de convencimiento, capaz de forzar acuerdos que profundicen la democracia y desarrollar un movimiento social por una educación para la democracia.

b) Que organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones políticas aumenten su capital cívico y social (principalmente en la creación de redes y en el desarrollo de proyectos de educación para la democracia). Y para que este capital sea efectivo debe transformarse en movimiento social o cívico, en tanto un recurso moral y comunicacional de (para) la democracia. En este sentido, es preciso crear capacidades (formar, educar, generar competencias, aprendizajes) en la sociedad para que las comunidades y las asociaciones ciudadanas participen en el control ciudadano de la gestión pública, lo que conduce a subir los umbrales de confianza en la sociedad y aumenta las competencias o capital cívico.

c) Que se promueva y desarrolle una cultura de innovación política, que implique adoptar la no-violencia activa y formas participativas y deliberativas de hacer política en los espacios públicos locales, regionales y nacionales. Sistematizar prácticas y conocimientos en aquellos “casos” donde sea posible identificar resultados exitosos a partir de prácticas democráticas de proximidad y de cuidado mutuo solidario. Participar en el control de las políticas públicas para que se acrediten con la sociedad civil. La Izquierda Ciudadana debe expresarse también como pertenencia a “redes críticas”, es decir, instancias que están en condiciones de gestionar y producir conocimientos y socializar aprendizajes desde “abajo hacia arriba”, lo que pone en cuestión toda fórmula de democracia elitista y excluyente.

En resumen, las tareas inmediatas para avanzar en una plataforma pública inclusiva de la Izquierda Ciudadana son:

a) Fortalecer de redes y habilidades para la participación ciudadana.

b) Generar capacidades y competencias para la promoción, ejercicio y defensa de derechos ciudadanos en la política y en la economía.

c) Formar y apoyar movimientos ciudadanos y sociales que tengan estrategias de incidencia pública y practiquen nuevas formas de habitabilidad en el mundo.



Fuente: www.izquierdacristiana.cl