Izquierda Cristiana de Magallanes
  Los mil días de la unidad popular: Una Breve Historia.
 

 

Los Mil días de la Unidad Popular: Una Breve Historia 

Miguel Silva



La historia de la UP es un misterio para mucha gente joven. Y la gran mayoría delos libros no sirven para las nuevas generaciones. Es el propósito de esta breve historiade los mil días del Gobierno de la Unidad Popular llenar ese vacío.




Salvador Allende llegó al poder en su cuarto intento como candidato, al frente de la coalición de partidos denominada Unidad Popular (UP), cuyos principales componentes fueron el partido Socialista, del que Allende era militante, y el partido Comunista. Ambas organizaciones reclamaban la conducción política de la clase trabajadora chilena, producto de una historia de luchas, iniciada con las heroicas huelgas de los trabajadores de las minas de salitre en las primeras décadas del siglo 20.

El partido Comunista fue fundado en 1920 por Luis Emilio Recabarren, uno de los dos más importantes organizadores revolucionarios de América Latina. El partido Socialista, establecido en1933, también reclamaba credenciales revolucionarias –todavía en 1970, su carta de principios proclamaba su compromiso con el derrumbe armado del Estado capitalista. Pero ambos partidoshabían demostrado una firme opción en favor de alianzas electorales. Sin embargo, sus raíces en la clase trabajadora eran profundas, y eso fue lo que proporcionó el 36% de los votos obtenidos por Allende en la elección de 1970.

La victoria de la Unidad Popular frecuentemente se atribuye a las divisiones al interior de los poderosos. Ciertamente, las organizaciones burguesas habían caído en disputas internas y en el fraccionalismo después de la «Revolución en Libertad», el programa de desarrollo y reforma controlada prometido por el gobierno demócrata-cristiano de Eduardo Frei (1964-1970). Sin embargo, una explicación basada en los problemas de la burguesía ignora el papel activo de la clase trabajadora.

La incapacidad del gobierno de Frei para realizar las reformas prometidas puso en marcha unmovimiento de los trabajadores crecientemente combativo. La reforma agraria, cuya intención era crear una clase estable de pequeños empresarios agrícolas, buscaba aliviar las tensiones rurales y la resistenciainflexible de la oligarquía propietaria rural, una clase que Frei no estaba preparado para confrontar, nideseaba hacerlo. Por ejemplo, cuando su gobierno revocó en 1967 la prohibición de los sindicatos rurales y la legislación de reforma agraria se discutía en el parlamento, el resultado no fue aliviar lastensiones, sino totalmente lo opuesto. Aquellos que tuvieron la esperanza de beneficiarse con lareforma de tierras y que por ese motivo votaron por la democracia cristiana, se sintieron engañados y,por el otro lado, los campesinos sin tierra comenzaron una oleada de tomas de tierras.

Frei: promesas incumplidas
Frei prometió crecimiento industrial. Y esa promesa atrajo a los desempleados rurales a la ciudad.

Multitudes de inmigrantes rurales se habían establecido antes en las comunas populares, tomándose yhabitando sitios vacíos, comenzando a organizarse y a luchar por su derecho a viviendas y a serviciosbásicos. Esas organizaciones ocuparían un lugar importante en los eventos de 1971-1973. Tanto loscampesinos sin tierra como los inmigrantes sin techo se situaban fuera de las organizacionestradicionales de la clase trabajadora y su dirección política. Estaban, por lo tanto, abiertos a la influenciapolítica de un tercer sector radicalizado de aquel momento, el movimiento estudiantil.

En 1968-1969 se creció en Chile –como en el resto del mundo– un gran movimiento por lareforma universitaria. Pero otras corrientes fluyeron también hacia ese movimiento, una generación dejóvenes revolucionarios influida por la Revolución Cubana de 1959 y por el romanticismorevolucionario simbolizado por el Che Guevara. En Chile, esa corriente encontró su expresión en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), constituido en 1965.
El fracaso de los experimentos reformistas de Frei produjo un segundo grupo de jóvenes
reformadores radicalizados provenientes de su propio partido, esta vez organizados en el MAPU –el Movimiento de Acción Popular Unificada– con un pensamiento cristiano definidamente de izquierda.

Su esfuerzo principal estuvo dirigido a la organización del programa de reforma de las tierras. Cuando el gobierno de Frei pareció abandonar su compromiso con ese programa, el MAPU adhirió a la UP.

Aumento de las huelgas
En 1968 la central sindical CUT –Central Unica de Trabajadores– llamó a una huelga nacional en protesta contra los planes antihuelguísticos del gobierno de Frei. Los hechos ocurridos durante esa huelga aumentaron la combatividad de la clase trabajadora. Y en 1968-1969, los trabajadores habían sufrido aumentos de precios de cerca del 50%, desempleo creciente y respuestas del gobierno cada vez más represivas. Las huelgas aumentaron en número, pasando de 1.939 paros –que movilizaron a unos 230.725 trabajadores en 1969– a 5.995 huelgas que movilizaron a unos 316.280 trabajadores en 1970.



1971: La UP al poder. Un proceso social controlado 

Este era el clima de 1970, cuando Allende ganó la elección presidencial. El programa político de la UP intentaba conciliar los intereses conflictivos de las fuerzas sociales que sustentaban la coalición. En cualquier caso, Allende propuso realizar solamente aquellas reformas que pudiesen ser sustentadas en la legislación existente y que pudieran efectivizarse con la aprobación de un Congreso dominado por la derecha, colocando severos límites a lo que en realidad era posible hacer. Y efectivamente permitió que la derecha determinase los ritmos del cambio. Dadas esas perspectivas, Allende no haría nada que le llevara a perder a los electores de clase media –los «sectores medios»– que podrían brindarle una mayoría parlamentaria. Paradójicamente, parecía que podíase ganar esos votos sólo en la medida en que el gobierno mostrara claramente su capacidad de controlar la actividad de la clase trabajadora y, por ende, garantizarse el apoyo de aquellos sectores.

Programa de reformas
En el plano económico, la UP pretendió completar el programa inconcluso de Frei de crecimiento y modernización a través del aumento del consumo y del nivel general de los salarios, reactivando de ese modo buena parte de la capacidad industrial ociosa de Chile. En la agricultura, Allende se encargó de llevar adelante la Ley de Reforma Agraria de 1967, sin cambiarla mayormente, incluso sin eliminar las generosas indemnizaciones a los propietarios y garantizándole a éstos la conservación para uso propio de las 200 hectáreas más ricas y lo mejor de su maquinaria agrícola.

El cobre, sueldo de Chile
El pilar central del plan económico de la UP fue la nacionalización sin indemnización de las minas de cobre de propiedad estadounidense –llamada en adelante «doctrina Allende»–, que se aprobó en 1971 por la unanimidad del Congreso, con el voto favorable de senadores y diputados de derecha. Las compañías estadounidenses no habían invertido nada en varios años y la nacionalización, le permitía al gobierno de Allende controlar la principal industria de exportación de Chile. Por otro lado, y al mismo tiempo que el programa de la UP abrazaba la nacionalización de los intereses industriales y financieros claves del país, dejaba a la mayoría de las empresas en manos privadas. La UP esperaba pasar al sector estatal apenas 150 de las 3.500 empresas industriales, representando estas últimas el 40% de la producción total.

Aunque la UP se comprometió a controlar «bien» el proceso de reforma social, su propósito nofue suficiente para calmar las sospechas de los poderosos. Como Allende no obtuvo la mayoría absoluta–ganó con el 36,22%– y requirió, por tanto, la confirmación de ambas ramas del Congreso, el asesinato del general René Schneider –entonces comandante en jefe del Ejército–, ocurrida entre las elecciones y la ratificación del Congreso Pleno, fue una amenaza directa de Richard Nixon, quien ya entonces tenía planes avanzados para la «destrucción» de una economía controlada por la UP.
Para obtener la conformidad de los partidos de derecha para asumir la Presidencia ante el Congreso Pleno, Allende aceptó un «Estatuto de Garantías», compromiso de que su gobierno respetaría al Estado y sus estructuras, y dejaría intactos todos aquellos instrumentos que la burguesía habíadesarrollado para defender sus intereses de clase: el sistema educativo, la Iglesia, los medios de comunicación y las fuerzas armadas. El Estatuto fue mantenido prácticamente en secreto y nunca fuepresentado a los seguidores de la UP. En realidad, fue una promesa de no realizar ningunatransformación fundamental de la sociedad chilena.

¿Colaboración de clases?
Asimismo, la estrategia de la UP presumía una colaboración entre el capital privado y el Estado para alcanzar el crecimiento económico. La meta a largo plazo era una economía mixta de tres sectores: estatal, privado y mixto.

Durante su primer año de gobierno, Allende y la UP ganaron aún más apoyo. No obstante, pordebajo de la superficie existían tensiones no resueltas. Puesto que su victoria electoral fue la respuesta aun nivel creciente de combatividad social, su triunfo también cobijó la idea de que era posible obtenermás conquistas a través de la lucha. Muchos sectores de trabajadores y campesinos no veían razón paraque la llegada de Allende al palacio presidencial los condujera a la desmovilización. Todo lo contrario.

Por ejemplo, las organizaciones de campesinos sin tierra, confiadas en el compromiso de la UP con lareforma agraria, intensificaron sus tomas de fundos. Como respuesta a esta situación, en mayo de 1971,Allende llamó a parar las tomas y a esperar el proceso legal. También convocó a la dirección del MIR,por su influencia en las organizaciones campesinas y de pobladores, para reprenderla por actuar rebalsando el marco legal.

Matices de la clase trabajadora
Las organizaciones de los trabajadores urbanos, por su parte, estuvieron de acuerdo con la visión de Allende. Por un lado, los partidos de la UP controlaban los sindicatos y, por otro, los miembros de los sindicatos fueron los más beneficiados por los aumentos salariales y los nuevos empleos resultantes de la reactivación económica. En el primer año, los salarios de los trabajadores manuales subieron cerca de 38%, y los de los trabajadores no manuales, cerca de 120%. El desempleo cayó por debajo del 10% y la economía creció al ritmo de 8%.

Primero la calma, luego...
La relativa tranquilidad de los primeros meses fue la calma que antecede a la tormenta. Los poderosos sólo estaban cicatrizando sus heridas, esperando el momento adecuado para un contraataque. Los industriales chilenos no dejaron pasar en vano 1971, puesto que exportaban todo lo que les permitía su capital sin reinvertir absolutamente nada. Incluso, en muchos casos, los subsidios gubernamentales eran los únicos fondos que ingresaban a las fábricas. El creciente estándar de vida de los trabajadores acarreó un aumento dramático de las demandas de consumo y la resultante escasez de productos se vio exacerbada por el sistemático almacenamiento de bienes por parte de la clase media.

Luego, el ambiente de escasez e inseguridad proporcionó a la burguesía las circunstancias para lanzar su primer desafío a Allende.

El momento fue escogido cuidadosamente, cuando Fidel Castro visitó Chile en noviembre de 1971. Al segundo día de su visita fue saludado por una manifestación de cacerolas, la «marcha de las ollas vacías». Organizada por los partidos de derecha, centenares de mujeres de clase media salieron a las calles mostrando ollas vacías para simbolizar la escasez –provocada por la propia derecha económica. Claro que muchas de ellas llevaron consigo a sus empleadas domésticas, probablemente para que las ayudaran a cargar las ollas, que pocas de estas señoras habían usado alguna vez.

Sin embargo, detrás de estas protestas por la escasez de bienes de consumo, había otros propósitos de mayor alcance: movilizar a la clase media, alertar a la burguesía a escala internacional sobre las batallas que vendrían y expresar el escepticismo en cuanto a la capacidad de la UP para contener a la clase trabajadora. Esto último tenía cierto fundamento, puesto que a pesar de los llamados de la UP y de sus ataques poco velados contra huelguistas y tomas nada «disciplinadas», Allende no había sido capaz de controlar internamente al movimiento obrero. Entre enero y diciembre de 1971, las huelgas ascendieron a 1.758 y hubo 1.278 tomas de tierra.

Los partidos burgueses respondieron con ataques al gobierno, buscando la caída del ministro del Interior, José Toha, y bloqueando las medidas de acionalización en el Parlamento. Fuera del Congreso, se quejaban de las «ocupaciones ilegales» –que no lo eran– como resultado del trabajo de la ultraizquierda, cuando también eran acciones espontáneas de grupos de campesinos, trabajadores y mineros. El clima social reinante estimuló expectativas y esperanzas populares. 


1972: Nubes en el horizonte. Divisiones en la coalición 

Al comenzar el segundo año de gobierno de la UP, la ofensiva de la derecha y la consiguiente respuesta de los trabajadores provocaron un nuevo debate. Puesto que la reacción de Allende a estos acontecimientos fue atenuar los temores burgueses, aparecieron tensiones en las relaciones entre la UP y quienes la apoyaban, emergiendo cuestionamientos profundos al llamado «camino chileno al socialismo». Dos estrategias muy diferentes coexistían dentro de la UP y éstas demandaron una definición. ¿Debería la UP apostar a los trabajadores en su lucha por defender su nivel de vida e impedir que la burguesía minase sus triunfos del año anterior, o no? Y si se respondía afirmativamente, ¿qué estrategia política implicaría tal apoyo?

Conferencia de Lo Curro
Esta fue la cuestión central que discutieron los representantes políticos de las organizaciones de la UP cuando se reunieron en la conferencia de El Arrayán, en febrero de 1972, y posteriormente en Lo Curro, en junio del mismo año. El debate sobre la estrategia futura de la UP estuvo centrado en la cuestión «Consolidar o Avanzar».

El ala conservadora de la UP (el partido Comunista y la derecha del partido Socialista bajo la dirección de Allende) planteaba la necesidad de detener el proceso de reformas y consolidar lo que se había ganado. Sostenían que el gobierno no debería seguir adelante en la expansión del sector estatal sino reafirmar su disposición a negociar con la burguesía, demostrando en la práctica que podía controlar a la clase trabajadora y concretando así un apoyo electoral más amplio antes de seguir avanzando. Esta maniobra suponía que los poderosos respetarían los avances ya adquiridos, aunque los hechos estaban demostrando que lo verdadero era lo opuesto.

El ala radicalizada abogaba por acelerar el ritmo de las reformas, profundizar el proceso de acionalización y ponerse al frente de las luchas. La clase trabajadora –argumentaban– había mostrado estar presta para llevar adelante la lucha y la pregunta era si ¿sus dirigentes políticos se atreverían a ponerse al frente de la clase? Estos argumentos fueron sostenidos por el MAPU, la Izquierda Cristiana –otra escisión del PDC ocurrida en los mil días de Allende– y la izquierda del partido Socialista, con el apoyo del MIR, aunque esta última organización no estuviera presente en las discusiones. A la izquierda le urgía la necesidad de extender el sector público, reafirmar el compromiso original de la UP de nacionalizar las 90 mayores empresas –reducidas a 43 por decisión gubernamental–, y se enfrascó activamente en una lucha ideológica para ganar nuevos apoyos.

Todo fortalecía a la UP
Pero no hay que olvidar que, durante todo el debate, ninguna de las organizaciones proponía actuar fuera de la UP. La discusión siempre se dio en torno a qué debería hacer la UP, a partir de su posición como Gobierno dentro del Estado.

Leyendo las discusiones y los debates que ocurrían en las conferencias de la UP se constata un creciente estado de irrealidad. Los buenos y conmovedores discursos ignoraban el hecho real de que la futura dirección del proceso político chileno estaba siendo determinada fuera del Congreso y bien lejos del Palacio de la Moneda. En enero, antes de la conferencia en El Arrayán, Allende ya se había rendido a la exigencia de que José Toha fuese destituido «por haber insultado a las Fuerzas Armadas», y había aceptado su renuncia. Y en marzo, Kennecott –corporación estadounidense del cobre, cuya filial chilena había sido nacionalizada– llamó a un boicot mundial al cobre chileno y el senador demócratacristiano Juan Hamilton presentó al Congreso la primera de una serie de mociones destinadas a paralizar cualquier futura nacionalización.

El 12 de mayo, comenzó a develarse el futuro en un incidente ocurrido en Concepción. Cuando una organización estudiantil de derecha anunció su intención de marchar sobre la ciudad, un importante número de organizaciones de izquierda, incluido el MIR, convocó a una contra-manifestación. El alcalde comunista decretó prohibición general de cualquier manifestación y llamó a la policía antidisturbios a reprimir. La violencia dejó muerto a un militante del MIR. La respuesta del gobierno fue condenar toda violencia, de derecha o de izquierda.

También en mayo, un congreso nacional de trabajadores textiles rechazó la simple participación de los trabajadores y, más allá de eso, exigió el control de la industria. La respuesta, que se dio en junio, fue un nuevo gabinete de la UP con la notoria ausencia del ministro de Economía Pedro Vuskovic, un independiente de izquierda cuya identificación pública con la política de avanzar las acionalizaciones lo hizo blanco favorito de la derecha.

Búsqueda de la paz social
En ese mismo mes, el ala conservadora consiguió asegurarse una victoria en la conferencia de la UP sobre estrategia en Lo Curro. Al mismo tiempo, el Gobierno retomó sus conversaciones con los demócratacristianos –temporalmente suspendidas un mes antes– y reafirmó su compromiso de buscar la paz social y el cumplimiento de la ley.

La cara oculta de esta decisión fue develada dramáticamente en Melipilla durante el mes de junio de 1972. Allí, estaban por expropiarse varias haciendas en base a la ley de reforma agraria de EduardoFrei Montalva, pero un juez local, de apellido Olate, venía colocando reiterados obstáculos legales a laredistribución de la tierra, colaborando consistentemente con los propietarios locales. El 22 de junio,una manifestación terminó con 22 dirigentes de la organización de trabajadores rurales presos y, enseguida, ocurrió una serie de manifestaciones de protesta. El 30, todas las vías de acceso a Cerrillos fueron bloqueadas. El 12 de julio, una manifestación de masas marchó hacia el centro el Santiago,exigiendo la liberación de los dirigentes y la dimisión inmediata del juez Olate. El gobierno se negó a intervenir.

Aparición de los Cordones
Los incidentes en Melipilla tuvieron un significado mucho más profundo de lo que podía verse a primera vista. En el curso de la protesta, los trabajadores del área industrial vecina a Cerrillos se sumaron a sus compañeros rurales en lucha. Cerrillos fue centro de una serie de disputas industriales no resueltas: al final de junio, las fábricas textiles Perlak y Polycron, más la fábrica de aluminio Las Américas y la avícola Cerrillos, estaban todas en huelga.

Los huelguistas se juntaban con sus hermanos y hermanas de Melipilla. Los manifestantes, al mismo tiempo que expresaban su apoyo a Allende, afirmaban que el Congreso y otras instituciones estatales, eran el principal obstáculo para realizar el programa de la UP.

La acción mancomunada de los trabajadores agrícolas e industriales abrió nuevas y diferentesposibilidades. De la lucha unida nació una nueva forma de organización, forjada en el curso de lashuelgas de Cerrillos, que se autodenominó «Cordón Industrial». El Cordón de Cerrillos publicó, a comienzos de julio, una declaración demandando el control de la producción por los trabajadores y la sustitución del Parlamento por una Asamblea de Trabajadores, decisiones mucho más alentadoras quecualquiera de las temas discutidos abiertamente por los partidos de izquierda. Sin embargo, su potencial como una base alternativa de organización social y política no pasó por la cabeza de nadie. Por otro lado, el partido Comunista y el ala derecha del partido Socialista sostenían que se debería coordinar la lucha a través de la dirección sindical oficial, la CUT, porque el acuerdo de Lo Curro estableció que no habrían futuras incursiones contra el capital privado ni más desafíos al Estado y, por lo tanto,ordenaron a sus miembros no acercarse a los cordones.

Paradójicamente, el creciente apoyo popular a la UP, que se reflejó tanto en los resultados de una elección suplementaria en Coquimbo en julio y en las elecciones para el ejecutivo de la CUT, expresabala visión de los trabajadores de seguir adelante. El ala derecha de la UP, entre tanto, la interpretaba de un modo diferente, como si representara la aprobación a su estrategia de alianza entre las clases.

Asamblea Popular
Fue justamente el debate de Lo Curro y el control –y a veces la represión– de las actividades de trabajadores y pobladores lo que dominó la Asamblea Popular realizada en Concepción a finales de ese mes de julio, cuando delegados de organizaciones sindicales, populares y estudiantiles, así como también de organizaciones de izquierda, se reunieron para discutir la coyuntura política. El único ausente fue el partido Comunista, que describió a la Asamblea de Concepción de un modo que quedaría marcado en el tiempo, «una maniobra reaccionaria e imperialista, que usaba a elementos de ultraizquierda como escudos». El propio Allende, en un comunicado del 31 de julio, desarrolló la misma idea: «Por segunda vez en tres meses, Concepción fue lugar para una acción divisionista cuyo efecto es minar la hegemonía de la Unidad Popular sobre el movimiento. No hay mínima duda de que es un proceso que sirve a los enemigos de la causa revolucionaria».

Pérdida del control
En el mismo discurso definió su posición: crear un poder dual era un acto de «marcada irresponsabilidad», porque el gobierno de Chile representaba los intereses de la clase trabajadora como un todo. Ningún revolucionario sensato, concluía, puede «desconocer el sistema institucional que gobierna nuestra sociedad y que está bajo el gobierno de la Unidad Popular. Cualquiera que sugiera otra cosa, deberá ser considerado un contra-revolucionario».
A pesar de los intentos para detener el proceso, la lucha de clases estaba escapándose rápidamentedel control de Allende y de la UP. La burguesía veía sus vacilaciones como un punto a su favor y organizó abiertamente una campaña de oposición política y de sabotaje económico. A finales de julio, elcura Raúl Hasbún comenzó a lanzar –a través del Canal 13 de TV de la Pontificia UniversidadCatólica– los primeros llamados a la acción militar contra Allende.

Ya existía cierta confianza en los círculos de poder de los poderosos cuando en septiembre de 1972 los comerciantes de Chile lanzaron una huelga de protesta contra el control de precios y la falta de productos. Esa confianza creció el 11 de octubre, cuando los propietarios de camiones anunciaron elcomienzo de una huelga por tiempo indefinido.
Tendrían una gran sorpresa, no por la reacción de Allende y sus aliados –quienes seguían negando la existencia de una lucha fundamental por el poder– sino porque los trabajadores tomaron el controldirecto sobre la lucha y generaron nuevas estructuras de organización que ofrecían una visión distintasobre cómo debía ser conducida –y podía ser ganada– la lucha por el poder real.

Insurrección de los poderosos
La huelga de los propietarios de camiones fue bien planeada y financiada por la CIA. Si bien contaba con la aprobación del conjunto de la burguesía, la organización neofascista Patria y Libertad fue la que estuvo más directamente involucrada en su organización concreta, con apoyo directo de EE.UU.

La huelga no fue una sorpresa. El paro anterior de los comerciantes en septiembre y la bienorganizada resistencia de la derecha en el Congreso a cualquier iniciativa de la UP, fueron claras señales de que se aprestaban a dar un salto cualitativo. Por si todavía quedaran dudas, un mitin de la derecha del 10 de octubre hizo en Santiago una notable exhibición de su ánimo frenético, con encendidos discursos llamando repetidamente a una movilización de masas contra el gobierno. Uno de esos oradores fue Ernesto Vogel, demócratacristiano y vicepresidente de la CUT.
Se esperaba que el impacto de la huelga fuese inmediato y que la ausencia de transporte carretero interrumpiera todos los abastecimientos de alimentos, otros artículos «de primera necesidad», materias primas y, especialmente, la distribución destinada al consumo popular. Es más, la huelga no ocurríaaislada. Los comerciantes apoyaron la huelga cerrando sus negocios, los industriales intentaron parar sus máquinas, incluso mediante sabotajes. Las organizaciones de profesionales médicos, abogados, dentistas, y otras, votaron por la adhesión a la huelga y suspendieron toda actividad, aumentando la atmósfera de pánico. La estrategia de la derecha consistió en usar su poder económico, un poder que aún estaba completamente intacto, para crear escasez y caos. Se suponía que el pánico obligaría aAllende a renunciar o, «mejor aún», posibilitaría dejarlo en el poder para imponer las necesarias medidas de austeridad, separándolo así de las bases de la UP para provocarle, finalmente, una estruendosaderrota en las elecciones al Congreso de marzo de 1973.

Autogestión popular
Por su parte, los trabajadores veían la situación muy clara: el problema inmediato era preservar el sistema de transporte, mantener las fábricas abiertas y asegurarse el abastecimiento de alimentos y de lo imprescindible. Grupos de trabajadores salieron a las calles a primera hora de la mañana. Cada forma de transporte disponible fue requisada y conducida por voluntarios. Comités de vigilancia fueron adiestrados en las fábricas para impedir los sabotajes y mantener la producción. En los barrios populares se formaban largas y pacientes filas delante de los almacenes y supermercados, después de convencer a los propietarios para abrirlos o, en caso contrario, los establecimientos eran abiertos y mantenidos por las propias personas del local, que montaban guardia permanente.

La línea general de la UP fue pedir disciplina, calma y obediencia a la central sindical y a lasorganizaciones políticas. Sin embargo, ni la CUT, ni la UP impartieron instrucciones específicas. Dos días después fue retirado el llamado inicial de responder a la huelga con la acción de movilización.

Entretanto, los problemas provocados por la huelga exigían una solución inmediata. Era poco sorprendente que las respuestas más severas y decisivas viniesen de sectores de trabajadores que ya habían desarrollado acciones en conjunto. Las fábricas que se habían organizado en los primeros cordones fueron capaces de organizarse más rápidamente y tomar la iniciativa de organizar a otras.

Elecmetal, del Cordón Vicuña Mackenna, y la fábrica Perlak, integrante del Cordón Cerrillos-Maipú,tuvieron un relevante papel de liderazgo. Sus demandas radicales y claramente definidas, evocaban el programa avanzado en junio: acción inmediata contra los patrones, incluyendo nacionalización inmediata.

Repuestas rápidas y creativas
Al mismo tiempo, otras acciones desarrolladas por los empresarios exigieron y encontraron una rápida y creativa respuesta. En la fábrica de vidrio Cristalerías Chile, por ejemplo, la gerencia congeló la cuenta bancaria de la compañía. Los trabajadores respondieron desarrollando un sistema de distribución directa. Como explicara un trabajador, «ahora nosotros vendemos directamente para las cooperativas y pequeños negocios, y ellos nos pagan con dinero, así nosotros podemos pagar los salarios sin tener que usar los bancos». 

En la fábrica de cemento El Melón, una huelga recién comenzada fue inmediatamente suspendida y los trabajadores volvieron a su trabajo. En Perlak, para compensar la falta de leche del campo, los trabajadores se organizaron para brindar a sus hijos una sopa altamente nutritiva. Desde Polycrom llevaron tejidos a las comunas populares para venderlos directamente. Entre las fábricas comenzaron a canjearse materias primas y productos fabricados, pero también ocurrió algo semejante entre obreros y campesinos.

Cuando el Colegio Médico anunció su apoyo a la huelga el 17 de octubre, se formaron comités de trabajadores para mantener funcionando más de un hospital. Un dirigente sindical explicó: «A pesar de la huelga ordenada directamente por la derecha, las 600 mil personas por las cuales este hospital esresponsable, verán que nosotros podemos ofrecer servicios mejores y más eficientes, trabajando junto alos comités de salud locales, que incluyen a personas de los distritos obreros».

Actitud de los periodistas
La reunión del sindicato de periodistas de aquél mismo día fue dedicada a denunciar el papel de la prensa burguesa y a convocar a nuevas acciones contra los medios de comunicación en poder de la derecha. El periodista Jaime Muñoz criticó el Estatuto de Garantías aprobado por Allende en 1970, que prometió respetar la estructura de propiedad existente sobre los medios de comunicación masivos. El antagonismo entre el papel de los medios de comunicación en manos de la derecha, y la respuesta de los trabajadores quedó de manifiesta en dos periódicos, La Mañana de Talca y El Sur de Concepción, «tomados» porque orientación editorial atacaba constantemente al movimiento obrero. «El único Estatuto de Garantías que nosotros reconoceremos», argumentó Muñoz, «es el que nos demos los trabajadores».

La cuestión de los medios
Existía un acuerdo tácito de no hablar del Estatuto entre las organizaciones de izquierda. Los acontecimientos de octubre y el control obrero de los dos periódicos «expropiados» se convirtieron en cuestiones clave en el debate de la izquierda. También estaba «tomado» por sus trabajadores el Canal 9 de la Universidad de Chile, para sustraerlo del control del rector demócrata-cristiano Edgardo Boenninguer, comprometido hasta el tuétano con las huelgas patronales.

Patria y Libertad fue una razón adicional para el rápido crecimiento de las organizaciones autónomas, denominadas de «autodefensa». Si bien la mayoría de los poderosos se contentaban con usar su poder económico, la extrema derecha, conducida por P&L, organizaba sus propios gruposterroristas para trabar batalla en las calles. Esas bandas, formadas por jóvenes de las familias más ricas,lanzaron una serie de ataques físicos directos, como un ataque registrado el 12 de octubre en Punta Arenas –en el extremo sur de Chile–contra dirigentes locales de los partidos socialista y comunista. El día 13 fue bloqueada la línea ferroviaria hacia Arica, 3.200 km al norte. Ese mismo día, comenzaron aser atacas las personas que se desplazaban en vehículos en las grandes ciudades, tales como Valparaíso,Concepción y Viña del Mar. El padrón de asaltos directos continuó creciendo en los días venideros. 

Hubo un activo terrorismo urbano de derecha.

Hablan los trabajadores
En las fábricas los trabajadores resistían las tentativas de sabotaje de los patrones y tomaban el control directo de la producción. En la textil Sumar de Santiago, por ejemplo, los propietarios intentaron sacar parte de la maquinaria, pero fueron bloqueados y expulsados de la industria por los trabajadores. Para los comités obreros no había lugar a cualquier negociación: al final de cuentas, el propio gobierno había hecho de la mantención de la producción una prioridad absoluta. Una mujer de 22 años colocó la cuestión en términos muy claros en Fabrilana: 

«Yo pienso que el compañero Allende ha sido muy suave. El dice que es porque quiere evitar la violencia, pero yo pienso que debemos responder con más fuerza, atemorizarlos a muerte. Estánintentando voltear lo que conquistamos».

Los trabajadores de Alusa, una fábrica de embalajes, repetían a coro: 

«La administración hizo un llamado a los trabajadores administrativos y ellos pararon el trabajo.

Pero nosotros no podíamos permitirnos ser parte de esas maniobras. Los patrones no pueden venir a decirnos lo que debemos hacer… Así que abrimos los depósitos, sacamos las materias primas ysimplemente continuamos produciendo: la producción aquí no paró en ningún momento. Y no vamos a parar ahora ni nunca. Nosotros vemos a la gente trabajando con verdadera alegría. Yo pienso que enpocos días nos hemos dado cuenta que lo que estamos defendiendo, es algo mucho mayor que un plato de comida».

Guardias blancas de P&L 

Nadie estaba inmune a la posibilidad de un ataque. Los trabajadores de la cadena de zapaterías
Bata, por ejemplo, formaron comités de autodefensa en cada una de las 113 sucursales:
 
«Nosotros formamos comités de autodefensa en cada local para repeler los ataques. Ya tuvimos que enfrentar algunos ataques, particularmente en locales de barrios de clase media y alta. Pero nosotros no cerramos ni por un día siquiera. Estamos contra esta huelga y cuando llegue el momento decisivo no vamos a ceder ante nadie. ¡Basta!».
Un trabajador de la fábrica de concreto Ready-Mix, resumió la experiencia:
 
«Tenemos que agradecer a los fascistas, por mostrarnos que no se puede hacer una revolución jugando. Cuando aparece un problema, nosotros los trabajadores tenemos que estar en la primera línea.
Hemos aprendido más en éstos pocos días que en los dos años anteriores».
 
Semejantes conclusiones fueron sacadas en otros lugares, particularmente en los barrios populares donde luchas anteriores por el transporte y la vivienda, entre otros propósitos, gestaron organizaciones que cumplieron un papel pleno y vital en las luchas obreras de octubre.
 
Las Juntas de Vecinos y las JAP –Juntas de Abastecimientos y Precios–, comités de distribución formados originalmente por el gobierno, se transformaron en núcleos de un conjunto de organizaciones locales y comunitarias –comités deportivos, grupos de madres y organizaciones de sin techo– asumiendo la tarea de resistencia en sus comunidades. Lo más importante de todo fue que octubre dio a esas organizaciones comunitarias un contacto directo con los trabajadores, haciendo real su accionar mancomunado. El Cordón se transformó –como lo había prometido y era previsible– en un centro organizador para luchas posteriores.
 
Trabajadores en acción
Ciertamente, si los trabajadores no hubiesen combatido inmediatamente a los poderosos, éstos hubieran tenido éxito en su campaña y la economía se hubiera paralizado. Allende habría sido obligado a ceder a las demandas de los patrones presentadas en el «Pliego de Chile», que contenía la lista de sus reivindicaciones. Sin embargo, los trabajadores expropiaron el transporte y mantuvieron la economía en funcionamiento. Los ataques físicos de P&L encontraron la resistencia organizada de los trabajadores.
 
Salvador Allende y sus compañeros de dirección política de la UP parecían no haberse dado cuenta que en octubre se cruzó una frontera histórica y que los poderosos habían perdido el interés en colaborar desde hacía mucho tiempo. En cierto sentido, el gobierno de Allende se transformó en espectador, intentado en vano reimponerse sobre los acontecimientos a partir del punto privilegiado del Estado. Así fue como llamó a los militares a formar parte del gobierno.
 
El verdadero rol de la CUT
Eso reflejaba, en parte, el desarrollo de una nueva conciencia política en actores hasta entonces excluidos de los sindicatos y otras organizaciones, trabajadores menos integrados en la disciplina partidaria y sindical. Muchas de las pequeñas fábricas permanecieron fuera del ámbito de influencia de la CUT, por ejemplo, porque tenían menos de 25 trabajadores. Lo que representaron los cordones fue una alianza ente trabajadores organizados y no organizados, la población de los barrios pobres y los trabajadores agrícolas. Su carácter político fue menos definido. La CUT afirmaba que los cordones eran simplemente sus organizaciones de base con otro nombre. Sin embargo, la dificultad de la CUT para imponer cualquier tipo de disciplina sobre los cordones, sumada a sus frecuentes ataques a los dirigentes de estos mismos cordones, mostraba que la relación CUT-Cordones no era la que la CUT describía.
 
Con una huelga del transporte aéreo iniciada el día 31 de octubre y con la negativa de los transportistas a poner fin a su acción, al día siguiente Allende decidió convocar a varios generales a su gabinete. Al mismo tiempo, decretó un Estado de Emergencia Nacional, depositando efectivamente el control del gobierno de Chile en manos de los militares por todo el período que durara la emergencia.
 
Una vez que los camioneros volvieron a su trabajo y las fuerzas armadas ingresaron al gobierno, quedó claro que la principal tarea del Ejército sería controlar el retorno de los trabajadores a las fábricas. Carlos Prats, el Comandante del Ejército expuso su posición con un estudiado tono neutro:
 
«En cuanto existe un Estado propiamente constituido, las fuerzas armadas están obligadas a respetarlo… Obviamente las fuerzas armadas son un instrumento legítimo que está a disposición del Presidente, para ser usado contra cualquiera que amenace el orden público».
 
Devolución de los diarios La naturaleza de la amenaza se volvería más clara todavía cuando comenzara el Estado de
Emergencia. El rígido toque de queda fue empleado para controlar el movimiento de los trabajadores.
Se invocaron los amplios poderes concedidos a los militares para devolver a sus propietarios originales los dos periódicos ocupados en Talca y Concepción. Los dirigentes de los comités de autodefensa de Bata fueron encarcelados por más de un mes. El día 13 de noviembre el ministro de Economía anunció que 28 fábricas ocupadas por los trabajadores serían devueltas a sus propietarios. Tal vez el sistema de distribución haya sido el sector que más se distanció del control estatal y es por esa razón que fue el área sometida a control militar más directo. El general de la Fuerza Aérea Alberto Bachelet quedó a cargo de la Empresa Nacional de Distribución, el aparato estatal dedicado al abastecimiento y distribución de artículos de «primera necesidad».
 
Gobierno con generales
El nuevo gabinete incluyó a tres uniformados, el general Carlos Prats en Interior, el contralmirante Ismael Huerta en Obras Públicas y el general de brigada aérea Carlos Sepúlveda en Minería. De los ministros UP, tres fueron del partido Comunista, Orlando Millas en Hacienda, Sergio Insunza en Justicia y Luis Figueroa, presidente de la CUT, en Trabajo. El militante PS Rolando Calderón, secretario general de la CUT, quedó en Agricultura; Fernando Flores, del MAPU, en Economía; y el radical Jorge Tapia, en Educación.
 
El gabinete «cívico-militar», con ministros de UP y generales, tampoco controló la situación, que siguió confusa debido a que no era fácil desmantelar la confianza y organización de los trabajadores.
Un grupo de trabajadores de Arica el 24 de noviembre aún se negaba a trabajar con los funcionarios que habían apoyado la huelga patronal. Cuando Figueroa intentó convencerlos de que aceptaran la orden, ellos retomaron la fábrica y se negaron a salir. Al final, se recurrió a la policía para expulsarlos. La misma experiencia se repitió en otros lugares, con los trabajadores negándose a entregar lo que habían conquistado en octubre, afirmando que tales concesiones simplemente destruirían todo lo que se había obtenido, entregando la victoria en bandeja a la burguesía.
 
Loas a los militares Las acciones espontáneas y desorganizadas de resistencia de los trabajadores, entretanto, no fueron objeto de ninguna iniciativa de coordinación o desarrollo. Al contrario, el MAPU –Oscar Guillermo Garretón–, por ejemplo, describió al nuevo gabinete como el «gobierno y el pueblo actuando como uno solo», al mismo tiempo que hacía un llamado a profundizar el «poder popular». Y el partido Comunista y el gobierno alzaron una sola voz en alabanza de la labor patriótica de las fuerzas armadas, describiendo al nuevo gabinete como un indicio de que, consiguiendo el apoyo del Ejército, se apartaría a la burguesía: «…la presencia de las fuerzas armadas junto a los dirigentes de la CUT, fortalece al gobierno y finalmente le permitirá sentenciar a muerte la huelga que los trabajadores ya rechazaron tan vigorosamente».
 
Solamente una organización, la menor de todas –la Izquierda Cristiana–, llegó a dar algunos pasos en esa dirección, negándose a entrar en el gabinete y afirmando que: «…los avances en conciencia de los trabajadores no parecen haber llegado a sus líderes políticos. La base es mucho más rica de lo que lo es su dirección. La CUT y los cordones son mucho más efectivos en sus respectivos niveles, que la UP a nivel político… si el poder social (de apoyo a la UP) fuese organizado de un modo coordinado en las fábricas y en lo regional en órganos de autodefensa, la situación avanzaría y no podría ser contenida».
 
Dos visiones políticas
Con todo, la propia clase trabajadora estaba exigiendo otro análisis de la situación. El 13 de noviembre, 100 delegados de los cordones de Santiago se reunieron en Cristalerías Chile para coordinar la resistencia a la devolución de las fábricas a sus antiguos propietarios. Esa iniciativa no encontró eco dentro de la izquierda. El presidente del Cordón O’Higgins afirmó: «La maquinaria de izquierda simplemente nos ignora… por eso los cordones tienen que cumplir la función de ayudar a conocerse mejor unos a otros, a entender las luchas particulares y a alcanzar conciencia de nuestro poder».
 
Los eventos de octubre de 1972 atrajeron a nuevos grupos de trabajadores a la lucha, muchos de ellos sin experiencia anterior de organización. También pusieron sobre el tapete nuevas formas de organización independientes. La experiencia de los cordones se convirtió en el tema central de los debates políticos, cuando el año 1972 llegaba a su fin.
La primera oportunidad para todas las organizaciones de izquierda de discutir la experiencia de octubre de 1972 vino con un debate público organizado en Santiago por una organización católica denominada «Cristianos por el Socialismo». Miguel Enríquez, Secretario General del MIR, describió el período como «prerrevolucionario» y llamó a la creación de «gérmenes de poder popular». La cuestión principal –argumentaba, razonablemente– era conquistar el «control obrero». Pero en los debates y discusiones posteriores, ningún representante del MIR aclaró cómo el «control obrero» sería realizado u organizado.
 
1973: Año de crisis Preparativos para la batalla
El debate después de la huelga de los patrones provocó una escisión del MAPU, entre el ala de izquierda que mantuvo el nombre del partido, con Garretón a la cabeza, y el ala pro-Allende, que adoptó el nombre MAPU-OC (Obrero Campesino), dirigido por Jaime Gazmuri. En enero de 1973, el ministro de Economía Fernando Flores, del MAPU, desafió la política gubernamental y defendió un congelamiento de precios, el control riguroso de la especulación y garantizar una canasta básica a un precio mínimo. Sus propuestas tuvieron resonancia inmediata entre la población.
El 15 de enero, 300 familias del barrio pobre de Lo Hermida se dirigieron al supermercado local que había cerrado sus puertas alegando falta de mercaderías y exigieron su reapertura. Inmediatamente aparecieron mediadores del gobierno que intentaron dispersar la manifestación, sin ningún resultado. A las dos de la madrugada el supermercado estaba abierto y las organizaciones locales se encargaron de distribuir alimentos de acuerdo a las necesidades. Lo mismo ocurrió en Nueva La Habana, otro barrio pobre de Barrancas.
 
Devolución de empresas
Fue en ese clima que Orlando Millas, ministro de Hacienda del partido Comunista, anunció el nuevo plan económico, con el retorno de 123 fábricas a sus antiguos propietarios, incluyendo las industrias de la entonces poderosa familia Yarur, uno de los grupos más activos en la oposición al gobierno. Junto con esta concesión a las demandas de los poderosos se anunció la reapertura de conversaciones con los demócratacristianos.
 
Los cordones respondieron inmediatamente. Trabajadores del Cordón de Cerrillos-Maipú bloquearon en protesta las calles y dirigieron una manifestación conjunta de todos los cordones de la capital hacia el centro de la ciudad. El presidente del Cordón, Hernán Ortega, declaró: «No habrá compromiso alguno que ceda ante las presiones». En el Cordón Vicuña Mackenna se inició la publicación de un pequeño periódico destinado a los cordones, llamado Tarea Urgente. Su primer número publicó esta declaración:
 
«A los Trabajadores: Los trabajadores del Cordón Vicuña Mackenna llaman a la clase obrera a movilizarse combativamente en defensa del Área Social [nombre del sector estatizado de la economía] y de las empresas requisadas o intervenidas durante el paro patronal de octubre, amagadas por un proyecto de ley que no representa la opinión ni el sentir de la mayoría de los trabajadores, los cuales están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias en defensa de sus legítimos derechos.
 
«Por lo tanto los trabajadores del Cordón Vicuña Mackenna, en asamblea celebrada el lunes 29 de enero, hemos resuelto lo siguiente:
«1. No devolver ninguna empresa requisada o intervenida con motivo del paro nacional de octubre.
«2. Rechazo unánime al denominado «Proyecto Millas», por no expresar el verdadero pensamiento de los trabajadores y contribuir a detener el proceso revolucionario que nos conduzca al socialismo…
«5. Planteamos que la respuesta de los trabajadores será no sólo no devolver ninguna empresa sino incorporar muchas más al Área Social».
Opiniones encontradas
 
«¿Hasta dónde las personas de allá arriba van a continuar empeorando aún más las cosas? Esto está empezando a ponernos nerviosos y avisamos que ninguna empresa será devuelta… De ahora en adelante permaneceremos en estado de alerta permanente para defender nuestro derecho de tomar las decisiones que determinen nuestras vidas».
El día 5 de febrero, trabajadores, pobladores y otras organizaciones de barrios pobres y grupos comunitarios, realizaron una asamblea en el Estadio Nacional para demostrar su oposición al Plan Millas. La revista Punto Final publicó un artículo en que adelantaba un certero juicio histórico: «Un pueblo desarmado es un pueblo conquistado». La lucha de clases ingresó a una nueva fase, ganando mayor intensidad.
 
Se aproximaban las elecciones para el congreso de marzo de 1973, consideradas como una prueba crucial para la supervivencia del gobierno, tanto por la derecha como por los partidos de la UP. El resultado fue que la UP elevó su electorado nacional al 44%. En el clima existente era un testimonio significativo de la resistencia popular y una prueba de que también habían sido ganadas sectores de los llamados «sectores medios».
 
En lo tocante a la derecha, los resultados demostraron el fracaso de su intento por destruir el apoyo electoral a la UP. Entonces pasaron a discutir estrategias distintas para derribar al gobierno de Allende. Entre las dos opiniones debatidas, la del golpe militar –abogada por algunos sectores– fue dejada de lado en favor de una estrategia de «mariscal ruso», levantada, entre otros, por Patricio Aylwin, presidente de la DC. Fue una estrategia económica de «tierra arrasada», consistente en devastar objetivamente la economía, desnudándola, reteniendo la acumulación de dinero, movilizando concientemente el apoyo internacional y creando un estado de sitio desde dentro y desde fuera.
Avances y retrocesos Al final de marzo de 1973 los generales dejaron el gabinete y el Plan Millas fue abandonado.
 
Allende anunció la nacionalización de más de 45 fábricas, pero ese anuncio fue seguido inmediatamente, el día 6 de abril, por un ataque virulento contra la izquierda revolucionaria y las organizaciones obreras que no devolvieron las fábricas después de las ocupaciones de octubre. A la luz de este ataque, era difícil ver la incorporación de 45 fábricas al sector estatal como otra cosa que no fuese un gesto simbólico.
 
Por más que Allende condenase a aquellos que habían «provocado» a los poderosos, estaba ciego frente a la intensidad de la lucha de clases. Por lo tanto, insistía en mantenerse apegado al programa original de cambios graduales, condenando a las organizaciones obreras y campesinas por arriesgarlo con sus acciones precipitadas. Los sucesos lo habían dejado atrás. Los poderosos estaban discutiendo abiertamente estrategias extra-parlamentarias para derribarlo. Allende y la CUT todavía insistían en que el ritmo de los cambios sería determinado en el Parlamento, pero ni las clases dominantes ni amplios sectores populares compartían esa ilusión. Los trabajadores estaban organizándose para una lucha que ya estaba en curso en las calles, en las fábricas y en el campo. La cuestión no era si se debía o no permitir el desarrollo de la lucha. Lo que estaba en cuestión era sólo su resultado.
 
Dos lecturas de la historia
El mayor número de votos para la UP en las elecciones de marzo podía leerse como una clara exigencia para la acción. Si la UP no era capaz de dirigirla, ocurriría de cualquier modo, incluso fuera de todo control. La dirección de la UP no pudo comprenderlo. La cúpula de la izquierda estuvo discutiendo la crisis, ciertamente, pero su perspectiva estaba limitada a exigir que la UP actuase de una manera diferente. La situación reclamaba una solución más radical, ya colocada en la agenda histórica por la propia clase trabajadora.
 
Carlos Altamirano, entonces dirigente de la izquierda de los socialistas, veía el desarrollo de organizaciones independientes –en medio de la lucha de clases– como una forma de presión que podía ser utilizada para impulsar su victoria dentro de la dirección del propio partido. Y fue esa perspectiva limitada la que conquistó a los socialistas de izquierda que dirigían los cordones. Así, el comité coordinador de los cordones, que fácilmente pudo comenzar a lanzar un «proyecto» de poder popular, por el contrario, se transformó en una fracción política al interior del partido Socialista.
El desafío de los mineros
 
Los trabajadores de las minas de cobre han jugado un papel central en la historia del movimiento obrero chileno. Fue, por lo tanto, una cuestión de mucha importancia la huelga iniciada el día 19 de abril de 1973 por los mineros de El Teniente.
 
La huelga comenzó silenciosamente. El aislamiento físico de los mineros en una región montañosa, significó que el impacto de su huelga sobre el resto del movimiento no fuera inmediato. Y la izquierda estaba poco ansiosa por elevar el nivel del debate público acerca del paro, porque la cuestión que desencadenó la huelga era un tanto vergonzosa.
 
Los aumentos del primer año del gobierno de la UP ya habían sido borrados por la inflación. El poder de compra de los salarios al comenzar 1973 era menor que en 1971. Como respuesta, la UP garantizó un aumento salarial general para compensar la inflación. Sin embargo, los mineros tuvieron un acuerdo especial aparte, que les garantizó un aumento salarial anual acompañado de otros incrementos. El Gobierno se negó a pagar estos aumentos. Y los mineros entraron en huelga, acusando al gobierno de no cumplir el acuerdo firmado conjuntamente, lo que sin duda era cierto. La huelga siguió durante los meses de mayo y junio, aunque algunos mineros volvieron al trabajo por la intensa presión ejercida por el conjunto de las organizaciones de izquierda, incluido el MIR, que argumentaban que todo había sido provocado por la burguesía y por el imperialismo.
 
Los mineros fueron acusados de economicistas por la defensa de sus estrechos intereses sectoriales que sobreponían a los intereses de la clase como un todo. De hecho, la izquierda les estaba pidiendo que sacrificaran sus conquistas, en nombre del «bien de todos». La realidad era que el precio del cobre en el mercado mundial estaba cayendo.... ¿ Debían los mineros aceptar las consecuencias de esa caída, o debían conducirse como cualquier otro grupo de trabajadores organizados, defend
 
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